En julio diputados votarán idea de legislar sobre Estatuto Pyme

, Pequeñas Empresas

Para el primer jueves de julio quedó postergada la sesión en que las Comisiones Unidas de Economía y Pyme aprobarán la idea de legislar sobre el proyecto de ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, más conocido como Estatuto Pyme.
“La primera semana de julio vamos a discutir las indicaciones que envió el ejecutivo. Inmediatamente luego de aquello, la comisión procederá a votar en general el proyecto y comenzaremos con la discusión y votación de artículo por artículo”, detalla el diputado PPD Antonio Leal, presidente de las Comisiones Unidas.

El retraso de la votación, que originalmente estaba fijada para el pasado 19 de junio, fue producto de la urgencia inmediata que se le impuso a la ley general de educación y a que esta semana los parlamentarios deben dedicarse a sus distritos.

Según el diputado UDI e integrante de la Comisión Pyme, Ignacio Urrutia, los nuevos plazos para avanzar en la discusión del estatuto dependerán del grado de consenso que se logre no sólo en las propuestas del Ejecutivo, sino que también en las indicaciones que presenten los propios parlamentarios o los gremios.

“Aún así, yo creo que esto va a andar relativamente rápido, porque para todos el tema más lento era el de presentar las indicaciones, y eso ya se cumplió en gran parte”, explica y adelanta que “es muy probable que este proyecto de ley pase al Senado antes de finales de julio”.

Indicaciones a debatir

Una de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, que espera aprobación del Congreso, es la creación de un Consejo Consultivo Nacional de la Empresa de Menor Tamaño, cuya misión será asesorar al Ministerio de Economía en la proposición de políticas y en la coordinación de esfuerzos destinados a promover la participación de las pymes en la economía.

En materia de segmentación, la idea es acotar el concepto de pyme, señalando que sólo para efectos de esta ley serán consideradas en este grupo aquellas empresas que generen ventas inferiores a las 100 mil UF anuales y “que tengan por objeto vender o prestar servicios al público general”. Con ello, se excluiría a compañías con fines distintos, como las sociedades de inversión.

Respecto a materias de regulación, en las indicaciones del Ejecutivo se definen nuevos tipos de conductas consideradas como competencia desleal, “incluyendo la presión verbal o escrita de una empresa a un proveedor de menor tamaño para obtener un descuento del precio pactado con anticipación”.


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