Ley de Tasas de Intercambio pasa la prueba constitucional en el TC y ahora falta la firma de Piñera

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En voto disidente, el ministro Iván Aróstica consideró que la creación de un comité técnico podría alterar el derecho de propiedad.

El Tribunal Constitucional (TC) dio luz ver a la Ley de Tasas de Intercambio la semana pasada tras entrar a su control de constitucionalidad luego de ser despachada por el Congreso a mediados de mayo.

La revisión del TC no estuvo exenta de reparos. El ministro Iván Aróstica votó en contra del artículo 3º en el que se especifica la creación de un comité técnico para la fijación de límites a las TI.

El punto relevante de su voto disidente es que el comité técnico altera el derecho de propiedad y se establece «una limitación al dominio de los proveedores de los servicios, afectando su facultad de disposición, sin que aparezca justificada una razón de función social».

Otro elemento que hicieron ver los ministros Aróstica, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández es lo referente a que la ley establece los mecanismos para acudir a la Justicia por las resoluciones del comité técnico.

Alegaron que la ley afectaba el debido proceso, ya que «someter la interposición de recursos jurisdiccionales a la interposición previa del recurso de reposición o a esperar que transcurra el plazo para que deba entenderse desestimado, afecta el derecho al debido proceso legal». A pesar de estos votos disidentes, la ley salió sin modificaciones.

Lo que viene

Ahora la ley debe ser firmada por el Presidente Sebastián Piñera. El primer proceso de fijación de límites a las TI será una primera definición transitoria de dichos límites a partir de los seis meses desde la publicación de la ley.

El comité técnico será conformado por cuatro miembros: uno designado por el Banco Central, uno por la Comisión para el Mercado Financiero, uno por la Fiscalía Nacional Económica y uno por el Ministerio de Hacienda.

Los límites a las TI se establecerán cada tres años. Para ello, el comité deberá contratar en cada proceso un estudio económico realizado por una entidad independiente y podrá solicitar antecedentes a distintos órganos públicos o entidades privadas.

Se sesionará a lo menos una vez cada seis meses para evaluar si han ocurrido cambios sustantivos en el mercado de medios de pago.

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