Notarios, oportunidad de acelerar cambios

, Internet, Modernización de Empresas, Retail, Tarjetas y Pagos Electrónicos

Sorprende la parsimonia con que el Senado parece estar abordando esta reforma, pese a su necesidad y a su enorme impacto social.Hace ya más de dos años, un profundo estudio de la Fiscalía Nacional Económica dictaminó que el sistema notarial chileno entrega seguridad jurídica, pero es “ineficiente, de alto costo y poco innovador”. Se trata de un sistema anticuado, caro, poco transparente en la composición y justificación de los cobros, engorroso y con frecuencia discriminatorio, pues en su operatoria cotidiana hay grandes diferencias de trato entre el usuario común y el cliente frecuente o de mayor volumen. Por otro lado, diversas normativas exigen la realización de trámites notariales de dudosa utilidad, y una serie de supuestos atributos de la certificación notarial como el “firmó ante mí” se han relativizado o simplemente perdido a causa de la masividad de los requerimientos que se quiere o se debe atender. Hace tiempo que la proporción entre seguridad y eficiencia dejó de ser adecuada.
Lo anterior ha conducido a que gobiernos de distinto signo hayan intentado infructuosamente llevar adelante una reforma que permita superar al menos en parte estos problemas. Es útil recordar las descarnadas declaraciones del último ministro de Justicia de la Presidenta Bachelet, el experimentado político y abogado Jaime Campos, quien decidió no presentar un proyecto de ley en la materia: “Si me embarcaba por la vía legislativa, me iba a pasar lo mismo que les pasó a los otros proyectos: se iban a desatar las fuerzas del mal y el proyecto va a morir”. Y, apuntando a la influencia de los notarios en el Congreso, agregó que “tener ingresos de 30, 60, 70 millones de pesos, eso te da poder. Y no sé, me imagino que también los señores notarios votarán y tendrán candidatos a diputados, a senadores, a lo mejor ayudarán a financiar campañas”. En los hechos, el proyecto de reforma impulsado por el actual gobierno, que implica “desnotarizar” una serie de trámites y entregar una serie de competencias a los nuevos fedatarios, se encuentra estancado desde principios de enero en el Senado, sin registrar mayores avances, a pesar de las reiteradas urgencias impuestas por el Ejecutivo, según ha lamentado el ministro de Justicia. Aunque los senadores han atribuido la situación a la gran cantidad de iniciativas que han debido ver este año, si se compara con la velocidad de tramitación de otros proyectos, es cuando menos sorprendente la parsimonia legislativa en esta materia de enorme impacto social.
La pandemia ha venido a poner el tema nuevamente sobre el tapete a raíz de la controversia entre el gremio de los notarios y una de sus antiguas asociadas, que estaba ofreciendo un sistema de reconocimiento facial para la firma de documentos privados. A instancias del gremio, la Corte de Santiago emitió una resolución en virtud de la cual, según se entendió en un primer momento, los servicios notariales solo podían prestarse siguiendo al pie de la letra la antigua normativa del Código Orgánico de Tribunales, por lo que sus efectos fueron calificados como un verdadero “apagón digital” de las notarías. Posteriormente la Corte aclaró que la restricción se limitaba a los sistemas de reconocimiento facial. Sin embargo, aún subsisten una serie de dudas sobre la articulación de las antiguas reglas con la ya no tan nueva ley sobre firma electrónica. Una de ellas dice relación con el sentido de la concurrencia personal de los interesados al oficio del notario. La ley parece ser clara en cuanto a que la firma electrónica no sustituye esta comparecencia, e incluso sugiere que allí donde esta es exigida no sería posible el uso de firma electrónica. Sin embargo, también existen planteamientos divergentes basados en la lógica que subyace a la aceptación legal de firmas electrónicas debidamente certificadas. En lo inmediato, corresponderá a los tribunales de justicia introducir algo de certeza en estas materias.
El distanciamiento social y las restricciones de movilidad que impondrá todavía por un buen tiempo la epidemia de covid-19, junto con las incertidumbres que han ido surgiendo respecto de la aplicación de la normativa vigente, hacen que este momento sea particularmente propicio para impulsar y llevar a término un proyecto de ley que modernice, reduzca y simplifique en forma sustancial los servicios notariales. La ciudadanía estará atenta a la diligencia de los senadores.


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