Notarios vs. Ronchera: Los intereses comerciales tras la disputa

, Internet, Modernización de Empresas, Retail, Tarjetas y Pagos Electrónicos

«Conflicto por la digitalización. Utilizando la tecnología de reconocimiento biométrico, firmar un documento puede costar entre $50 y $15 pesos”. Alejandro Barros, U. DE CHILE, EN ESTUDIO DE LA FNE.

Cinco cuadras, mediadas por La Moneda, separan la Décima Notaría de Valeria Ronchera de la Segunda de Francisco Leiva. Ella lo acusa a él de haber saboteado sin éxito su sistema de reconocimiento facial, para luego entregarle esa información a la Asociación de Notarios, que tras una presentación ante la Corte de Apelaciones, logró frenar la aplicación de esa tecnología y su eventual masificación.
Luego de que la versión de Ronchera fuera publicada el martes 8 de septiembre de 2020 en “La Segunda”, Leiva respondió a través de una carta sus clientes, explicando que solo hizo un “ejercicio” para burlar el sistema, con la finalidad de mostrar su debilidad, alertando a su colega de los resultados, para prevenir eventuales fraudes. Y, contradiciéndola, aseguró que le resultó y al primer intento.
Más allá de un nuevo retroceso en la tecnologización del sistema notarial, que según Eduardo Engel (director de Espacio Público) permitiría abaratar costos en dinero y tiempo a los usuarios, existe un potencial negocio millonario para empresas de digitalización y biometría. Y aunque no existen estimaciones certeras de su cuantía, basta considerar que la mayoría de los notarios, archiveros y conservadores se encuentran asociados en el gremio del ramo, el cual cuenta con 462 miembros e igual número de locales, según su último directorio telefónico.
Y la tecnología adquirida por Ronchera -a su cuñado, Cristian Ojeda, dueño de la empresa Simplex- le costó alrededor de $ 350 millones, según confidencia un cercano a la profesional.
Paralelamente, la Asociación de Notarios “está trabajando para proponer la certificación de la firma electrónica simple y avanzada con niveles de seguridad compatibles con sus oficios. Ya tienen conversaciones avanzadas para desarrollar una empresa certificadora propia” revela Jaime Alcalde, académico de la UC y especialista en derecho privado.

Cifras poco claras
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha aprovechado la discusión actual para promover el proyecto ingresado por el Gobierno en 2018, que fue aprobado a comienzos de este año en la Cámara Baja y que está actualmente en el Senado desde enero, sin que se haya visto a pesar que desde el Ejecutivo se señala que se le ha puesto suma urgencia más de una docena de veces. También se tramita otro, que busca sacar 32 trámites del sistema. “Hay que desnotarizar la vida de la gente”, insistió Larraín en canales de televisión la semana pasada.
Siempre según los cálculos del Gobierno, el costo inicial de la tecnologización sumaría $2.100 millones, cifra que es rebatida desde la Asociación de Notarios, que asegura que la cifra es de al menos $16 mil millones.
Consultada por las firmas con que se encuentra trabajando, la Asociación de Notarios no dio su versión a “La Segunda”, aunque sí manifestó inquietud por el desarrollo de la discusión a través de una carta a El Mercurio, publicada el 11 de septiembre de 2020, firmada por el presidente del gremio, Mauricio Astudillo. “Vemos con preocupación cómo en medio de esta discusión el ministro de Justicia, Hernán Larraín ha decidido presionar al Senado, con tal de sacar adelante un proyecto que en materia de seguridad digital y certeza jurídica es malo… La modernización del sistema es posible sin destruir sus fortalezas y sin incurrir en gasto público, pero ello supone que el ministro deje de impulsar un negocio que beneficia a ciertos sectores”.

Los actores del mercado
Según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica publicado en 2018, un notario promedio obtiene rentas superiores o iguales a $14 millones mensuales. Los que más ganan son los situados en Santiago Centro, que en promedio alcanzan $24 millones mensuales.
“Para las notarías del país, excluyendo oficios mixtos, las rentas monopólicas son aproximadamente US$ 25 millones. Para este mismo subconjunto, los potenciales ahorros asociados a la reducción de ineficiencias productivas son cercanos a US$ 80 millones. Sumados, tales costos ascienden a US$ 105 millones al año. (…) Una persona podría pagar 1/3 de lo que paga actualmente, si el sector fuese más competitivo. Si, además, se redujesen los costos indirectos, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones, o entre un 88% y un 95% de los ingresos del notariado. Así, el costo de los trámites notariales para las personas podría llegar a ser un 5% del precio que actualmente pagan”, dice el estudio.
O como en el mismo documento lo pone en palabras aún más simples el consultor senior del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Alejandro Barros, “utilizando la tecnología de reconocimiento biométrico, firmar un documento puede costar entre $50 y $15 pesos dependiendo del volumen. Si esto lo comparamos con el precio promedio obtenido en las encuestas ($3.555), el costo de la autorización podría disminuir entre un 98,6% y un 99,6%, dependiendo del volumen de autorizaciones”.
¿Pero quiénes son los actores que podrían entrar al mercado notarial con las tecnologías necesarias? En la industria aseguran que la oferta es amplia, que el mercado está atomizado y que por ahora cada notaría ha ido contratando servicios con distintos niveles de complejidad caso a caso. Una de las más grandes es la Empresa Nacional de Certificación Electrónica S.A., conocida como E-cert, constituida en julio del año 2000 con un capital de $513.670.000 por la Cámara de Comercio de Santiago y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnológicas de Información. Ofrece servicios de firma electrónica, facturación electrónica y otros dedicados a “la empresa digital”, como firma bioelectrónica, custodia digital y biometría dactilar.
El cuñado de Valeria Ronchera, Cristián Ojeda Urrutia, constituyó en 2017 junto a Felipe Díaz Silva y Jorge Díaz Rivadeneira, Sodlab, una empresa que ofrece “transformación digital” y asegura ser partner de Amazon web services, Microsoft, la Cámara de Comercio de Santiago e E-sign. Su nueva marca es Simplex. Javier Ojeda, pareja de la notario Ronchera, era dueño del domino “redenotarios.cl” – una plataforma aparentemente en desarrollo que pretende constituirse como un portal que permita la “interacción del usuario con él o los notarios de cuyos registros requiera documentación en formato digital”- que hoy pertenece a Ronchera.
También hay desarrollos propios en notarías como las de René Benavente y Carlos Miranda.
Entre las empresas conocidas, una de las “antiguas” es la Sociedad Consultores Appa, creada en 2007 por Álvaro Pizarro y Maximiliano Pizarro, ambos de Ovalle. Ellos están abocados al desarrollo de proyectos tecnológicos e informáticos y antes que ellos nació Amisoft, en 1997, creada por Moisés Nieto y René Vidal.
Hay firmas dedicadas mayormente a la biometría, como Bio-ID, TOC SA, Biometrika. La primera fue constituida en febrero de 2015 por Fernando Martín Lucero, Andrea María Fajardo Zilleruelo y Rodrigo Fajardo Zilleruelo, presidente de Falabella en Colombia.
TOC Biometrics fue fundada en 2010 y tiene una disputa con otra del rubro: Esign, que el 20 de agosto solicitó al Ministerio de Economía cancelar la inscripción de TOC SA del registro que autoriza la emisión de firma electrónica avanzada. E sign acusa que dada “la imposibilidad legal y regulatoria para enrolar a personas en la generación de una firma electrónica avanzada usando como método de verificación de identidad biometría facial contra cédula nacional de identidad, han insistido de forma contumaz con este modelo, confundiendo al mercado y generando serios riesgos al cliente”. Una fuente de la Asociación de Notarios se dice que la apuesta de Ronchera iría, justamente, de la mano de TOC.
En el directorio de TOC están Boris Buvinic –ex gerente general de Banco Itaú y presidente de su aseguradora- , Oliver Flogel, Felipe Brahm, Alejandro Alarcón, Rodrigo Fontaine, Felipe Salas y Ricardo Navarro. Entre los socios de E-sign figuran varias otras sociedades y Carlos González Larraín.
En cuanto a Biometrika, es una empresa extranjera que se constituyó en Chile en 2010 en la notaria de Valeria Ronchera, por Gustavo Gerardo Suhit Gallucci servicios EIRL, Inversiones Alto Valle Ltda e Inversiones G y G Ltda.

Los apoyos de Bofill y Gattas
En Agustinas, frente al Palacio de Gobierno, se encuentra un café de especialidad del marido de Ronchera, que es casi la antesala para entrar a la notaría de ella, ubicada en el mismo edificio. La aromática tranquilidad del lugar contrasta con su movida personalidad. Hija de un ingeniero en vuelo catalán y de una cirujana dentista, estudió en el Grange y, al igual que Leiva, en la Universidad Central, donde no fueron compañeros.
Fue ayudante de derecho procesal; en tercer año trabajó en suplencia de oficial del 28 Juzgado Civil de Santiago y en 1995 se tituló. Pensó en una carrera judicial y fue relatora suplente en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego relatora interina de la Corte de San Miguel y así fue rotando de puesto en puesto interino hasta que en 1999 llegó como relatora interina a San Miguel, donde la mandaron como interina a la notaría de San Miguel, con asiento en La Cisterna. En septiembre de 2003 consiguió su titularidad como notaria y archivera de San Miguel, hasta que en junio de 2010 logró el puesto en el lugar donde ejerce hasta hoy.
En 2002 se incorporó a la Asociación de Notarios con la que ahora está enfrentada y fue directora del capítulo dirección área sur. Pero en 2016 comenzó a probar el sistema digital de su cuñado y ha realizarle sugerencias hasta lograr digitalizar su notaría, con un repositorio propio incluido.
Tras un desarrollo de dos años, en 2018, planteó en la asociación modernizar el sistema, pero no tuvo acogida, renunció al gremio y siguió adelante con su idea de la mano con Simplex, que a su vez opera con Amazon.
El interés por la digitalización también tuvo su impulso tras el terremoto de 2010, que –según publicó ayer La Tercera- destruyó una de sus bodegas, lo que le valió una sanción dictaminada el 3 de enero de 2011 por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
En su lucha de hoy, Ronchera se apoya en el abogado Jorge Boffil, quien no tiene patrocinio para una causa específica, sino que aporta desde la estrategia mientras que en lo comunicacional es respaldada por la periodista Ximena Gattas (exjefa de comunicaciones de Interior en tiempos de José Miguel Insulza).
Así creó el proyecto «Notarías Más Ciudadanas», que en el fondo, es digitalizar las notarías, explicando a través de un documento a los notarios que ello «no implica desnotarizar», sino que facilitar el acceso, simplificando los trámites, haciéndolos más «sustentables». Eso sí que de una eventual reducción de personal, nada se dice.

Las experiencias de España y Francia
“En tecnología, las notarías de Francia y España van en la vanguardia, dice el académico de la UC y especialista en derecho privado Jaime Alcalde. “En 2001 en España se modificó la ley del notariado para incluir ‘el principio de indiferencia del soporte’, lo que significa que los instrumentos públicos se pueden otorgar en papel o formato electrónico, usando firma electrónica del notario y las partes. Las escrituras se pueden firmar con las partes presentes mediante video–conferencia”.
En España, según describe un documento del Consejo General del Notariado, que agrupa a los escribanos de ese país, “el primer gran paso de los notarios en materia tecnológica fue la Firma Electrónica Reconocida Notarial (FEREN) en 2003, por el cual en la actualidad se efectúan más de 13 millones de gestiones telemáticas cada año”. Mientras que el segundo elemento fue el Sistema Integrado de Gestión (SIGNO), que es “una plataforma tecnológica que conecta a todas las notarías españolas entre sí”.
En cuanto a Francia, sostiene Alcalde, “desde 2002 y ya fuertemente desde 2007 se empezó a introducir la firma electrónica y la posibilidad de que los actos se firmaran, por ejemplo, una parte en presencia de un notario y la otra parte en presencia de otro notario, rompiendo la unidad. En Chile, en cambio, todas las partes tienen que ir al mismo notario. En Francia, el mecanismo ha ido de la mano con la introducción de repositorios electrónicos, donde van a parar los documentos que se firman. ”.
De todas maneras, Alcalde destaca que en ambos países los temas tecnológicos “no entregados a una empresa externa, sino que ellos han desarrollado validaciones tecnológicas para los medios de reconocimiento que usan (…) En España el repositorio que tienen los notarios excluye determinados contratos, como los contratos de trabajo”. El académico añade que “la experiencia comparada ha sido cautelosa. Hace un par de años se presentó en Europa una propuesta para facilitar trámites de constitución de sociedades unipersonales y el gran reparo que se le hizo fue que la facilitación electrónica era demasiado vulnerable al lavado de activos».


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