Revés para Sernac: Justicia rechaza congelar alza en planes de TV de Movistar

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Organismo proconsumidor advirtió impacto de US$ 11 millones para el bolsillo de sus usuarios.

Cada vez más intensidad toma la disputa entre el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la firma de telecomunicaciones Movistar que avanza en el 29º Juzgado Civil de Santiago. A mediados de enero, el organismo liderado por Lucas del Villar arremetió contra la empresa de capitales españoles tras detectar un alza “unilateral” en el precio de sus planes de TV de pago de entre $1.000 y $1.500, lo que para el Sernac implicaría un impacto relevante “sin obtener (los clientes) mayores prestaciones”.

De acuerdo al expediente del caso, el Sernac movió recientemente el tablero exigiendo que entre que avanza el juicio, la acción de Movistar —nombre comercial que utiliza Telefónica en Chile— se congele de manera “precautoria”. Es que según el Sernac, considerando que Movistar mantiene el 20% del mercado en Chile, el impacto de la medida alcanzaría una masa de 600 mil usuarios de cable, de los cuales esta medida —que comenzó a regir en marzo de 2019— ya ha alcanzado 389.702 suscriptores. “Los ingresos adicionales que  que Movistar podrá obtener una vez aplicada el alza a la totalidad de sus clientes asciende a $8.507.308.630 (más de US$ 11 millones)”, advirtió el Sernac. Pese a la advertencia, el Servicio enfrentó su primer revés en el marco de esta disputa judicial: el 29º Juzgado Civil de Santiago rechazó tajantemente su solicitud.  A criterio de la justicia, el Sernac no presenta argumentos suficientes para evidenciar que el alza aplicada por Movistar no está justificada por los contratos.

Y agregó:  «El aumento ya estaría siendo implementado, con lo que de accederse a la suspensión nacería  un panorama desintegrado, compuesto por usuarios afectados y no afectados».

De haberse acogido, se habría aplicado por primera vez en el país una medida que viene inserta en la nueva ley de protección al consumidor, que permite solicitar el cese provisional de los cargos por cobros al momento de acogerse a trámite la demanda colectiva.


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