Organizaciones solidarias piden mayor transparencia, portal único de donaciones e institucionalizar Compromiso País

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Sociedad civil plantea desafíos clave para avanzar en innovación social en Chile. A la hora de enfrentar problemáticas fundamentales para el desarrollo del país, el Estado y las empresas no están solos. Existe un pujante tercer sector que ha ganado protagonismo y cree estar listo para jugar un rol más importante. “Debemos tener una relación madura con el Estado y el mundo privado”, sintetiza Benito Baranda, director de América Solidaria. Trinidad Rivera y Manuel Fernández

Una sociedad civil dinámica, diversificada y con creciente interés por aliarse con el Estado y las empresas para producir impacto social es el panorama que se ha ido generando en el país. De hecho, iniciativas como los diálogos 3xi y el programa Compromiso País, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, han reconocido esto y han buscado generar sinergias entre los mundos público y privado con el llamado “tercer sector”.
El diagnóstico es similar al que existe al interior de la propia sociedad civil. Reunidos por “El Mercurio” en Fundación Colunga, los directores de organizaciones solidarias Leonardo Moreno, Sharoni Rosenberg, Hans Rosenkranz, Benito Baranda y Loreto Lavín, junto a la experta Paula Streeter, del Centro de Políticas Públicas UC, aseguran que el tercer sector tiene un rol clave para generar soluciones sociales y avanzar hacia un desarrollo más integral y equitativo.
“La sociedad civil tiene una flexibilidad que el Estado no tiene: puede identificar lo que este está haciendo mal y moverse, cambiar y reaccionar, adelantándose al Estado”, dice Sharoni Rosenberg, directora ejecutiva de Fundación PwC.
Aunque hay una unánime percepción de que el mundo de las organizaciones solidarias ha avanzado significativamente hacia mejores estándares, todavía persisten desafíos. “Debemos tener una relación madura entre las sociedad civil, mercado y Estado, no somos un apéndice en esta estructura. El desafío es cómo lograr una interlocución equilibrada en los ámbitos que corresponda”, subraya Benito Baranda, director de América Solidaria.

La clave de la confianza
En esa línea, el primer aspecto en que consideran clave avanzar es hacia una mayor transparencia de las fundaciones, de modo que el público pueda conocer fácilmente su composición, sus aportantes, sus directores y los resultados que generan sus programas.
“Sería bueno tener un estándar de transparencia común. Esta es una señal de autorregulación que es fundamental para generar confianza”, menciona Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, organización que ha impulsado a sus más de 200 instituciones asociadas a avanzar en el reporte de información.
Benito Baranda también subraya este punto, que considera vital para elevar la calidad del tercer sector. “La transparencia va acorralando a aquellos que tienen dificultades para ser transparentes o que buscan otros objetivos. Va generando una presión no solo del Estado, sino que de las organizaciones de la sociedad civil que te van diciendo: ‘si no mostramos la información, vamos a vivir la misma crisis que hoy afecta a otras instituciones’”. Algo particularmente sensible en organizaciones donde la confianza es uno de los activos principales.
Desde 2018 está en trámite legislativo un proyecto que reforma la Ley de Transparencia, que exige a las organizaciones sin fines de lucro (que reciben fondos públicos por $74 millones o más y representen, al menos, un tercio de su presupuesto anual), poner a disposición del público una serie de datos. La idea tiene el apoyo de las organizaciones sociales, aunque creen necesario afinar la propuesta para que refleje mejor datos que son más atingentes al trabajo de las fundaciones.
“La propuesta establece que solo las que están encima de un monto deben transparentar. Nosotros planteamos que todas las que reciban fondos públicos debieran hacerlo”, puntualiza Paula Streeter, coordinadora del proyecto Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas UC.
Para los distintos directores, la medición de impacto del trabajo de las organizaciones, si bien es compleja, es clave también en materia de transparencia. “Es importante sumar a la academia y los usuarios para hacer la evaluación de resultados, ya que tiene que ser con todos para que haya un fortalecimiento de las distintas instituciones”, resalta Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Del control a la facilidad
Un segundo tema relevante es el del financiamiento. De hecho, a finales del primer gobierno de Sebastián Piñera se envió un proyecto de ley que modificaba la Ley de Donaciones, que no ha avanzado en su trámite. La iniciativa incluye un intento de simplificar el sistema y también propone eliminar un fondo común que hoy va dirigido a fundaciones más pequeñas.
Para Sharoni Rosemberg, la simplificación de la legislación que hoy existe en torno a las donaciones es una necesidad urgente. “No puede ser que se tenga que contratar a un abogado para entender cómo se tiene que hacer para no cometer errores. Las organizaciones tienen ganas de hacerlo, pero es complicado”, dice.
Mientras ese debate se da en el Congreso, una propuesta de más corto plazo es que el Estado disponga de un portal único de donaciones, en línea, donde haya un directorio de organizaciones que transparenten sus datos y se pueda aportar directamente, bajo la mirada del Servicio de Impuestos Internos.
“Hay que buscar un mecanismo que facilite traspasar recursos a las fundaciones”, dice Loreto Lavín, de Sociedad Anónima. En tanto, Benito Baranda cree que una plataforma así pasaría de la lógica del control, que cree que ha primado hasta ahora, a una de “facilitación con rendición de cuentas”.

Como Elige Vivir Sano
Las organizaciones solidarias valoran la oportunidad de aliarse con el Estado y los privados que han abierto políticas como Compromiso País, que los sienta en la misma mesa para buscar soluciones a problemas específicos. “Estas iniciativas abren espacios de encuentro que permiten articular el diálogo para solucionar problemas sociales”, dice Hans Rosenkranz.
Pero existe temor de que esta iniciativa se pierda en el tiempo, por lo cual proponen institucionalizarla, tal como el primer gobierno de Sebastián Piñera hizo con Elige Vivir Sano, con el fin que trascienda al gobierno de turno.
“Son iniciativas que deben tener continuidad, si no van generando vacíos. Tiene que establecerse como una metodología de trabajo que obligue a los ministerios a trabajar así y que reúna a los distintos actores para ir enfrentando dificultades”, resalta Benito Baranda.
Hoy no hay una exigencia de transparencia para el trabajo de estas organizaciones. Solo se piden una memoria y un balance anual al Minister de Justicia, sin especifica qué datos deben incluir. Se estima que de las 24 mil fundaciones inscritas activas, solo unas dos mi estén haciendo dicho reporte.

“Sería bueno tener un estándar de transparencia común. Esta es una señal de autorregulación que es fundamental para generar confianza”, dice Hans Rosenkranz, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.


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