Modernizar el Estado

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Por Luis Larraín, Director ejecutivo Libertad y DesarrolloSi un tribunal cita a un ciudadano como testigo, lo hace habitualmente un lunes a las 9 de la mañana. El ciudadano concurre, pero resulta que hay otras 50 personas citadas a la misma hora. Como no alcanzan a ser atendidos todos, los tribunales discurrieron citarlos también el martes y el miércoles para poder completar su tarea. El tribunal resuelve su problema, a costa del tiempo de personas que pierden una o dos o tres mañanas de trabajo, todo para colaborar con la justicia. Así resuelve muchas veces la administración pública, no solo en los tribunales sino en los consultorios, en los Compin para tramitar las licencias médicas, y en tantos otros lugares, para obtener un papel que otro servicio del Estado le está requiriendo. Una carga para las personas que puede ser intolerable. Es el tipo de cosas que tratamos en una reunión con el Presidente Piñera, que presentó al Consejo Permanente de Modernización del Estado, presidido por Ramiro Mendoza, una agenda de modernizaciones.

El Consejo, que integro, tiene entre sus miembros a personas tan relevantes como Javier Etcheberry que, además de director del Servicio de Impuestos Internos en la época de modernización de éste, ha sido ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. También a muchos otros hombres y mujeres que han ocupado posiciones relevantes y tienen distintas sensibilidades políticas y experiencia para asesorar al Presidente en esta tarea. Estamos todos de acuerdo en que la administración pública no entrega servicios a los ciudadanos del nivel que requiere un país con nuestro grado de desarrollo, y que muchas personas la ven como una carga más que como un servicio para ellos. Las razones son múltiples, las soluciones también, pero creemos que hay que priorizar y esa es una de nuestras labores.

Entre los desafíos principales está cambiar la forma de reclutar, capacitar y promover a las personas que sirven en el Estado. Por supuesto, con un régimen de transición que impida que los funcionarios vean esto como una amenaza y que, por el contrario, lo consideren una oportunidad. También creemos que la administración del Estado tiene demasiada rigidez: todos los servicios públicos deben tener la misma estructura y organigrama. Postulamos mayor flexibilidad, con facultades al Presidente y los jefes de diversos servicios (que hacen cosas muy distintas) para organizar los ministerios y servicios de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. Proponemos más coordinación, potenciando convenios administrativos entre instituciones del Estado; experiencias como las de Etcheberry pueden usarse para resolver problemas de coordinación como los de nuestro aeropuerto o el manejo de las aguas.

Por último, requerimos fortalecer la estrategia de transformación digital de manera que los ciudadanos puedan realizar todos los trámites posibles por Internet. Bonita tarea.


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