Privacidad en la red

, Internet, Modernización de Empresas, Tecnología Personal

La comparecencia del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ante el Congreso norteamericano -seguido por millones de personas en el mundo y con efectos casi en línea en la valoración bursátil de las acciones de esa compañía- puso en evidencia la presión de diversos sectores en establecer regulaciones que obliguen a las compañías de internet y otras que operan en el ambiente digital a proteger los datos privados de los usuarios.Mientras en la Unión Europea se aprestan para la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el próximo mes, en Estados Unidos el debate recién ahora ha cobrado nueva fuerza tras develarse que los datos de más de 70 millones de usuarios de Facebook fueron obtenidos, sin su consentimiento, por una empresa británica que los usó durante la campaña presidencial de 2016, para enviar mensajes específicos e informaciones falsas a usuarios cuyo perfil estaba predefinido.

Todas las empresas de internet, no solo Facebook, manejan innumerables datos de los millones de usuarios de la red, los que, de acuerdo a la política de privacidad de cada compañía -aceptada por el usuario al suscribirse-, pueden ser cedidos o vendidos a terceros para diferentes objetivos, principalmente publicidad. Durante años, las empresas tecnológicas se han resistido a que se reglamente sobre las normas de protección a la privacidad, pero a medida que se toma conciencia sobre el valor de los datos de las personas y el grado de intrusión alcanzado por las plataformas tecnológicas esa posición se ha hecho insostenible y las compañías norteamericanas parecen resignadas a que se establezcan regulaciones al respecto. Es improbable que la disposición expresada por Zuckerberg a autorregularse logre aplacar las críticas y resolver los problemas detectados.

En la Unión Europea, cualquier empresa que recolecte datos en Europa estará obligada a cumplir la GDPR, y se discute ahora si Facebook, que está en el centro de la controversia, ampliará esta política para todos los usuarios del mundo.

Nuestro país tiene pobres estándares de protección de los datos personales, por lo que no se considera un puerto seguro para la transferencia de ese tipo de información desde países de la UE o EE.UU. Estamos en el nivel más bajo dentro de los países de la OCDE, y en la región Colombia y Perú aventajan a Chile en esta materia. Las distintas iniciativas y mociones para poner al día nuestro marco legal han tenido escaso avance en el Congreso. Con todo, la semana pasada, el Senado aprobó en general -probablemente influido también por el ambiente de conmoción que se vive en torno a la precaria protección de los datos de personas a escala mundial- un proyecto que corresponde a una fusión de una moción del senador Harboe con una iniciativa del ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. El proyecto abarca numerosos aspectos, e intenta ajustarse a exigencias tan básicas como contar con un organismo independiente -la llamada Agencia de Protección de Datos- que vele por ese resguardo de cara a la ciudadanía. En teoría, esa dependencia pública habría sido hipotéticamente la encargada de impedir en Chile una acción como la que realizó Cambridge Analityca en Estados Unidos.

El texto contempla innovadoras prácticas para que la agencia tutoree el proceso de ajuste de las empresas que procesan o pueden procesar datos de personas, como grandes establecimientos comerciales, casas de estudios o medios de comunicación, entre otros, y mejoraría nuestra posición entre los países de la OCDE.

Con todo, las amplias facultades de fiscalización y sanción económica a las empresas que pueden procesar datos personales podrían reeditar el debate que se vivió con motivo de la ley del Sernac. La ausencia de una primera instancia jurisdiccional para aplicar la multa puede reinstalar las críticas a la falta de un debido proceso que terminaron con esa ley en el Tribunal Constitucional. Sería un error no mejorar nuestra técnica legislativa en este sentido. Otro tanto ocurre con los debidos resguardos que se deben adoptar para que la nueva regulación no dificulte iniciativas importantes para la modernización del Estado en materia digital, como la integración de los datos de usuarios de servicios estatales.

Finalmente, sería ingenuo no advertir la dimensión global que tienen muchas de las repercusiones de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales. Eso obliga a esfuerzos de coordinación internacional y a legislar mirando con atención las experiencias vividas en otros países.


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