Transantiago: licitación del Administrador Financiero se abre a actores no bancarios

, Modernización de Empresas, Retail, Tarjetas y Pagos Electrónicos

Entidades que emitan tarjetas de prepago y firmas como Servipag, además de bancos, podrán concursar. Gobierno estudia documento.La instrucción de “vamos a gobernar hasta el último día”, al parecer fue una consigna para la exministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia.
A las 15:00 horas del viernes y a horas de que finalizara el gobierno, la jefa de la cartera jugó sus últimas fichas e ingresó a Contraloría las bases de licitación del Administrador Financiero del Transantiago (AFT).
La entidad es la encargada de recaudar y distribuir los recursos financieros entre todos los actores del sistema y es uno de los denominados servicios complementarios, que el exgobierno diseñó bajo cuatro licitaciones. Así se suman al AFT la Bip!, gestión de datos y la provisión de tecnología arriba de los buses. Estos contratos vencen el primer semestre de 2019, por lo que será una de las prioridades del actual gobierno.
“Venimos trabajando hace más de dos años en los contenidos esenciales de los Servicios Complementarios y en el caso del AFT teníamos avanzada la redacción de la propuesta de licitación y, entendiendo que los procesos son largos, ingresamos las bases a Contraloría para avanzar en su revisión y que el futuro gobierno pueda retirarlas y modificarlas si así los estima. Durante el traspaso nosotros le informamos y actuamos con total transparencia para dar cuenta de un trabajo finalizado”, explicó la exautoridad.
La cartera liderada ahora por Gloria Hutt, quien asumió el domingo, puede retirar las bases de Contraloría e introducir cambios. Consultado sobre su decisión, explicaron “que están analizando las acciones a seguir”.

Nuevos actores
El actual AFT está integrado por un consorcio de los principales bancos de la plaza: BancoEstado (21%), Santander (20%), Banco de Chile (20%), BCI (20%) y CMR Falabella (9,5%) y Sonda con un 9,5% del AFT y en una década ha sumado utilidades por un poco más de US$ 20 millones. En 2017 cerró el periodo con ganancias por $ 1.612 millones, teniendo los últimos tres años resultados positivos.
La licitación impulsada por Tapia trae entre otras novedades que abre la puerta a otros actores del sistema financiero para que puedan participar de la administración de más los US$ 950 millones que recibe anualmente el Transantiago.
En esta oportunidad no solo los bancos podrán participar, como en la primera licitación, sino que empresas como Servipag que dan servicios relacionados- o aquellas con tarjetas de prepago, como cajas de compensación, también podrán presentar ofertas.
“Podrán participar como oferentes los bancos autorizados para operar en Chile, sociedades de apoyo al giro bancario o aquellas empresas no bancarias autorizadas a emitir y operar medios de pago con provisión de fondos, pudiendo presentarse en forma individual o en consorcio”, detallan las bases.
En el caso de consorcios, estas entidades deberán poseer a lo menos el 51% de la propiedad de la sociedad que se constituya y se exigirá un capital de $ 3.500 millones.
Otro cambio es que se limita el ámbito de acción del AFT. En la primera licitación este consorcio agrupaba la Bip!, redes de carga, provisión de sistema de validación, registro y la contabilización de cuotas de Transporte o clearing; recaudación, administración, custodia y contabilización de los recursos y la provisión de gestión de flota.
La crisis que se desató puso a los bancos en centro del huracán y un enfrentamiento con Sonda que terminó en algunos arbitrajes con los bancos. ¿La solución? Dividir algunos servicios, entregando a Metro la administración de la Bip! y zonas de recarga, y la gestión de flota pasó a los propios operadores. En 2012 también se renegoció el contrato con el consorcio bancario y tecnológico del Transantiago para reducir sus tarifas, anotando ese año pérdidas $ 2.600 millones.
En esta nueva licitación se limitará las funciones de clearing a la AFT y la evaluación será zanjada por el menor valor propuesto siendo la oferta económica el 97% y la presentación técnica el otro 3%, requisito para no ser descalificado.


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